La Administrative Discretion in Tax Crimes and Its Compatibility with Human Rights in Mexico.

Artículo 92 del código Fiscal de la Federación

Authors

  • Lizzeth Aguirre Osuna Universidad autónoma de Baja California Sur

DOI:

https://doi.org/10.32870/rjj.v6i12.236

Keywords:

Tax offenses, discretionary authority, human rights, legal certainty, criminal case dismissal

Abstract

This article analyzes the discretionary authority granted to the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) under Article 92 of the Federal Fiscal Code to request the dismissal of criminal proceedings for tax offenses. It examines the compatibility of this power with the principles of equity, legal certainty, legality, and due process from a human rights perspective. The study argues that the lack of clear normative criteria and the absence of a legal obligation to justify administrative decisions undermine the rule of law and result in unequal treatment of taxpayers. Based on a legal and doctrinal analysis, the article concludes that it is necessary to reform the current regulatory framework to establish precise limits on administrative discretion, ensure judicial oversight, and effectively protect human rights within the context of fiscal criminal law.

Author Biography

Lizzeth Aguirre Osuna, Universidad autónoma de Baja California Sur


Semblanza académica

Egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) en 1994 como Licenciada en Derecho. Ese mismo año cursó un preposgrado en la Universidad de Zaragoza, España, en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria del Instituto de Cooperación Iberoamericana, con especialización en Derecho Constitucional, Sistemas Electorales, Derecho de Participación y Derecho de Representación.

Desde agosto de 2000, es Profesor investigador de tiempo completo titular “B”en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, inicialmente con categoría Titular B.

Ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y estatal, entre ellos en la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

En 2002 obtuvo el grado de Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. De diciembre de 2008 a enero de 2016 fue responsable de la Extensión Académica del Campus Los Cabos. Desde enero de 2016, es profesora investigadora de tiempo completo en la UABCS.

En 2018 concluyó el Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional, México. Es autora y coautora de libros y artículos científicos en el ámbito del derecho y los derechos humanos. Cuenta con perfil PRODEP, y es miembro del Cuerpo Académico “Cultura y Comunicación” (CACUCO), así como integrante del comité académico y del núcleo académico básico del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.Sus líneas de investigación se centran en los derechos humanos, el turismo y el derecho a un medio ambiente sano.

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Published

2026-09-01